Nos encontramos en un momento clave, en el que se está negociando y reformulando cómo será la Política Agraria Comunitaria en el próximo periodo 2021-2027. Como organización agraria, la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos de Andalucía tiene mucho que decir a este respecto; por eso hoy ha celebrado en el Rectorado de la Universidad de Córdoba, una jornada con la que pretende marcar su posición frente a la próxima reforma de la PAC, de tal forma que sea favorable para los intereses de los pequeños y medianos agricultores, de las explotaciones familiares agrarias de Andalucía, de los jóvenes, y de las mujeres del medio rural.
El acto, al que han asistido más de 400 agricultores y ganaderos andaluces, ha contado con la presencia, entre otros, de Miguel Cobos, Secretario General de UPA Andalucía; y Susana Díaz, presidenta de la Junta de Andalucía.
Desde UPA Andalucía ha declarado Miguel Cobos: “debemos apostar por la inmensa mayoría de agricultores y ganaderos que quieren cambios en la nueva PAC después del 2020, para seguir contando con personas que producen, transforman y comercializan alimentos de calidad, saludables y a precios razonables”.
Por todo ello UPA reclama “una PAC fuerte para el periodo 2021-2027, tanto en contenido como en presupuesto, sin recortes ni debilitamientos, financiada al 100% por la UE y que haga honor a sus siglas, que sea netamente agraria, donde tanto los objetivos como la financiación vayan destinados a los agricultores y agricultoras”.
UPA defiende que, para lograr una mejor adecuación de los Planes Estratégicos a la realidad social, económica, territorial y competencial, éstos deben ser realizados por la Comunidad Autónoma. De esa forma, se tendría en cuenta la diversidad agrícola y ganadera de Andalucía, frente a mecanismos tendentes a la convergencia de las ayudas. Se garantizaría apoyo a los agricultores y ganaderos andaluces, evitando trasvases territoriales y sectoriales, y se implantaría un apoyo específico a mujeres de titularidad compartida con fondos del primer pilar.
Para que esta PAC sea más social tiene que aplicar unos techos de ayudas mucho más bajos de los actuales, con objeto de evitar repartos injustos en las ayudas. Hablamos de techos de 60.000€ por explotación y posibilidad de llegar a los 100.000€, condicionados a la generación de empleo.
Hace falta una PAC que ponga en marcha instrumentos como pagos decrecientes que hagan que, a medida que aumenta el tamaño de la explotación, las ayudas disminuyan, y que introduzca el pago redistributivo que se reparta en los pequeños y medianos agricultores y ganaderos.
La ganadería extensiva y los sectores agrarios más vulnerables y de importancia social, económica y medioambiental deben ser objeto de pagos asociados.
La nueva PAC tiene que aumentar el peso de los productores en la cadena de valor, facilitando normas que mejoren el reparto y la organización colectiva de los agricultores, estableciendo marcos jurídicos europeos uniformes y claros, sobre competencia, autorregulación y cadena alimentaria.
Es una reivindicación ya histórica de UPA Andalucía, la lucha contra la venta a pérdidas y contra el uso de productos reclamo por la banalización que se hace de productos agrarios de calidad como el aceite, la leche o frutas y hortalizas, vitales para la economía andaluza, que generan mucho empleo y mantienen vivos los pueblos en nuestra comunidad.
REFORZAR LAS MEDIDAS PARA LA INCORPORACIÓN DE JÓVENES AGRICULTORES E IMPLEMENTAR UNA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LA PAC
La nueva PAC debe seguir contando con dos pilares: uno enfocado a la renta y a las medidas de mercado con especial incidencia en jóvenes y mujeres; y un segundo orientado a la diversificación económica, medidas agroambientales, apoyo a la inversión, incorporación de jóvenes y modernización de explotaciones.
Incidimos en que uno de los grandes objetivos de esta PAC más social y con perspectiva de género, es estimular el relevo generacional y la incorporación de la mujer a través de medidas, incentivos y acciones que permitan facilitar la movilidad de la tierra y los derechos, frente a la patrimonialización de los mismos. Por ello, consideramos imprescindible buscar nuevas fórmulas para el incentivo de jóvenes y mujeres, impulsando el traspaso de explotaciones, incorporando programas de cese anticipado de la actividad y prestando un mayor apoyo a las inversiones.
En el nuevo escenario se va a reforzar el presupuesto destinado a las ayudas complementarias para la incorporación de jóvenes, ya que será obligatorio destinar al menos el 2% del presupuesto del primer pilar para asignar derechos a los jóvenes que no los tengan cuando se incorporan, y para aumentar el importe de los mismos hasta en un 50% a los que ya los posean.
En el segundo pilar de la nueva PAC debemos establecer un aumento del importe máximo de la ayuda para el establecimiento de jóvenes y puesta en marcha de nuevas empresas rurales, de hasta 100.000€.
La actividad de las mujeres en la agricultura siempre ha sido intensa; sin embargo, su trabajo se ha caracterizado por estar invisibilizado, al no gozar del suficiente reconocimiento jurídico, económico y social.
La Ley 35/2011 sobre titularidad compartida de las explotaciones agrarias, entró en vigor en 2012; a pesar de ello, en toda España solo había 447 mujeres inscritas a finales de 2017, sobre todo por el coste adicional que supone el alta en la Seguridad Social.
La Titularidad Compartida supone que los dos miembros de la unidad familiar coticen a la Seguridad Social, con reducción de la cuota de la mujer en un 30% durante 5 años, beneficios fiscales, acceso a la jubilación, prestación por desempleo, empoderamiento, independencia y autonomía.
Pero si de verdad queremos que la cotitularidad sea una realidad y fomentar la participación de las mujeres en la actividad agraria, tenemos que reflejarlo priorizando las medidas de incorporación e inversiones dentro del segundo pilar de la PAC, otorgando mayor puntuación en los criterios de valoración a la mujer. Pero, sobre todo, y lo más importante, hay que dedicar hasta un 2% del presupuesto del primer pilar para las mujeres que accedan a la titularidad compartida de las explotaciones agrarias, aumentando el importe de sus derechos de pago básico en un 50% con un tope máximo de 3.000€ por titular. De este modo, dedicando en Andalucía 28M€ a esta línea, se podrían incorporar y mantener en el tiempo a más de 9.000 mujeres en titularidad compartida.